En este período se destacó un voto de la Sala Constitucional que respaldó la decisión del Banco de Costa Rica (BCR) de introducir una clave secreta en un archivo electrónico con datos de interés público solicitados por el semanario El Financiero. Según el banco, la obligación de dar acceso a informaciones de interés público fue respetada, porque la institución entregó los archivos. Sin embargo, la clave impide analizar la información en una computadora y hacerlo manualmente exigiría mucho tiempo y recursos. En la práctica, es como si los datos no hubieran sido entregados.
La resolución fue tomada durante la ausencia de la mayor parte de los magistrados titulares. Los suplentes avalaron la medida adoptada por el banco "en aras de impedir que la información sea manipulada y que se produzcan errores que pudiesen atribuirse a la fuente original de información".
El fallo es tan contrario a la corriente jurisprudencial desarrollada hasta ahora que existe expectativa por la forma en que la Sala, con la integración usual, resuelva los nuevos casos sometidos a su conocimiento. Los magistrados, por supuesto, no están vinculados por el precedente de la sentencia criticada.
El uso de la publicidad oficial para premiar y castigar las líneas editoriales e informativas de los medios de comunicación es una práctica que continúa. La Nación logró demostrar y denunciar un caso escandaloso de represalia con pauta publicitaria ejecutada por el Banco Nacional, propiedad del Estado. El Diario Extra hizo similar denuncia en relación con el Banco de Costa Rica, también estatal.
Ambos están siendo investigados por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa y también por la Sala Constitucional, a cuya sede se presentó La Nación para plantear un recurso de amparo. Las resoluciones de ambos organismos podrían darse en el curso de las próximas semanas.
La Sala Constitucional estableció un importante precedente cuando dejó sin efecto la suspensión por cinco días sin goce de salario que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) impuso a su jefe de talleres por dar declaraciones a la prensa sobre deficiencias en el mantenimiento de los trenes.
Los magistrados concluyeron que la medida contra el funcionario Javier Moreira Cajina, dictada en abril, vulneró la libertad de expresión y el derecho a la información. El caso tiene favorables repercusiones para la relación entre la prensa y sus fuentes.
El 18 de agosto se realizó un embargo preventivo contra la emisora Radio Columbia Estéreo (92.7) que incluía sus transmisores y antenas. La acción fue requerida por la justicia por el cobro de los derechos de propiedad intelectual, tras una demanda que favoreció a la parte denunciante, la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (Fonatica).
La SIP expresó que "la incautación de equipo esencial para el funcionamiento de la radio para cumplir con una decisión judicial, podría derivar en el silenciamiento de un medio, lo cual establece un precedente negativo en el país".
El presidente dejó de hablar con los medios de comunicación y solo lo hace los martes en Consejo de Gobierno cuando él puede o quiere. Con la excusa de tener "tiempo limitado", no responde a preguntas de los periodistas y oculta información pública.
El Presidente y el Canciller embargaron información pública por considerarla de reserva de Estado, sin dar explicaciones a los medios nacionales y alegando que ya había dado declaraciones al canal internacional CNN. El caso se refiere a la participación del Presidente en una reunión en septiembre en la ONU donde abandonó su asiento cuando el presidente de Brasil, Michel Temer, se disponía a exponer. Al cuestionársele su salida del auditorio, el presidente expresó que se tratada de un tema de reserva de Estado y no respondió.
Por otro lado, el ministro de Comunicación del gobierno, Mauricio Herrera, dijo a través de un mensaje por WhatsApp enviado a legisladores de su partido y publicado por el semanario Universidad, que con la actuación del Presidente en la ONU se pretendía "tensar las relaciones entre ambos países", explicación que fue negada por Solís.
